El valor de una demanda laboral no es un misterio: se calcula sumando indemnización por años de servicio, aviso previo, recargo legal, vacaciones y prestaciones pendientes; y puede multiplicarse con la nulidad del despido o la tutela. Saber cuánto vale tu caso es lo que te permite negociar bien y decidir si el juicio conviene.
La base: las indemnizaciones del despido
Años de servicio: un mes de la última remuneración por cada año trabajado y fracción superior a 6 meses, con tope de 11 años y de 90 UF de base de cálculo.
Aviso previo: un mes adicional si te despidieron sin los 30 días de anticipación.
Vacaciones: el feriado proporcional o acumulado no tomado.
Prestaciones pendientes: sueldos, comisiones, bonos y horas extras adeudadas.
El multiplicador del juicio: el recargo legal
Si el tribunal declara el despido injustificado, la indemnización por años de servicio se paga con recargo, según la causal invocada: 30% cuando las necesidades de la empresa se declaran injustificadas; 50% cuando se aplicó indebidamente una causal de caducidad (las del artículo 160); y 80% o hasta 100% en los casos más graves que contempla la ley, como causales injuriosas o indebidas de mala fe.
Ese recargo es la diferencia entre lo que la empresa ofrece en conciliación y lo que arriesga en sentencia. Es tu palanca de negociación.
El multiplicador silencioso: la Ley Bustos
Si al despedirte había cotizaciones previsionales impagas, el despido no produce efecto y se devengan remuneraciones mes a mes hasta que el empleador convalide. Un caso de sueldo medio con seis meses de nulidad puede duplicar o triplicar su valor. Por eso lo primero que revisamos en cualquier caso es el certificado de cotizaciones.
El componente mayor: la tutela
Si el despido vulneró derechos fundamentales —discriminación, represalia, afectación de tu integridad—, se agrega una indemnización adicional de entre 6 y 11 meses de la última remuneración, que el juez fija según la gravedad. Es compatible con todo lo anterior.
Un ejemplo para dimensionar
Trabajador con $900.000 de remuneración, 4 años de servicio, despedido por necesidades de la empresa sin aviso y con 3 meses de cotizaciones impagas: $3.600.000 (años de servicio) + $900.000 (aviso previo) + $1.080.000 (recargo 30%) + vacaciones proporcionales + las remuneraciones de la nulidad que se sigan devengando. Un caso que la empresa quizás intentó cerrar con $2.000.000 en conciliación puede valer más del triple en sentencia.
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La honestidad necesaria
No todos los casos valen más en juicio: hay que descontar el tiempo (meses de tramitación), el riesgo probatorio y la solvencia de la empresa. Un buen abogado laboral no infla el número: te muestra el cálculo completo y el escenario realista, para que la decisión de conciliar o litigar sea tuya y con información.
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Preguntas frecuentes
¿Qué conceptos componen una demanda por despido injustificado?
Indemnización por años de servicio (un mes por año, tope 11 años y 90 UF), indemnización sustitutiva del aviso previo, recargo legal sobre la indemnización según la causal, vacaciones proporcionales y remuneraciones o prestaciones pendientes.
¿Cuánto es el recargo si gano el juicio?
Depende de la causal mal aplicada: la ley contempla recargos del 30% para necesidades de la empresa declarada injustificada, 50% cuando se aplicó indebidamente una causal de caducidad, y 80% u 100% en los casos más graves que la norma señala.
¿Qué agrega la nulidad del despido al cálculo?
Si había cotizaciones impagas, se suman las remuneraciones devengadas desde el despido hasta la convalidación, lo que puede multiplicar el valor del caso con cada mes que pasa.
¿Y si además hubo vulneración de derechos fundamentales?
La tutela agrega una indemnización adicional que fija el juez entre 6 y 11 meses de la última remuneración, compatible con las indemnizaciones ordinarias del despido.
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Sobre el autor. Ramón Infante es abogado laboral chileno, con más de cinco años dedicados en exclusiva al derecho del trabajo y más de 750 juicios laborales tramitados en representación de trabajadores en todo Chile. Su ejercicio se centra en despidos, autodespidos, tutela de derechos fundamentales, accidentes del trabajo, cobro de prestaciones y acoso laboral y sexual.